Agricultores y grupos políticos hacen 'frente común' contra un protocolo que en España "pone en riesgo" 370.000 empleos
El europarlamentario francés José Bové (Verdes), vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, ha advertido de las "dramáticas" consecuencias de la ampliación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos y ha afirmado que, junto con el sector afectado, se apelará ante el TUE en contra del protocolo si se aprueba la próxima semana en la Eurocámara.

Bové compareció en Madrid junto con representantes del sector hortofrutícola español y francés y de diferentes fuerzas políticas para manifestar su oposición a este acuerdo y hacer un llamamiento a los europarlamentarios a que voten en contra.

Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y la asociación de productores y exportadores Fepex coincidieron al señalar que no se puede ampliar el acuerdo cuando el vigente "se incumple", con un impacto que en la última campaña hortofrutícola española se cifra en una merma de ingresos de 2.240 millones de euros.

Además, advirtieron de que el nuevo protocolo pone en peligro 370.000 puestos de trabajos en zonas con un alto nivel de desempleo, con lo que hicieron hincapié en la "incoherencia" que supone apostar por el acuerdo con Marruecos en el actual contexto de crisis. Según subrayaron, el protocolo deja a los productores nacionales "en una situación de desventaja competitiva"

Por su parte, el parlamentario socialista Vicente Garcés afirmó que su grupo votará en contra de un acuerdo que supone un "ataque muy serio", en tanto que el coordinador de IU, Cayo Lara, avanzó que su formación también prepara una resolución de oposición, que incluya además "la defensa al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui". Bové excusó la ausencia del Grupo Popular por razones de agenda, pero indicó que también se opone al acuerdo.

El europarlamentario francés consideró difícil pronosticar el resultado de la votación, que se producirá previsiblemente el 16 de febrero, pero afirmó que existen "presiones enormes" para un voto favorable por parte de diferentes capitales europeas y de Marruecos, que "hace chantaje con la inmigración".

La aplicación del acuerdo, según defendió, no sólo tendría consecuencias "catastróficas" en las zonas de producción hortícola española, sino que ni siquiera beneficia al pequeño y mediano agricultor marroquí. En su opinión, sólo "sacan provecho" grandes empresas de exportación de Marruecos, fundamentalmente de capital europeo, a las que acusó de hacer 'dumping'.

LA CUESTIÓN DEL SÁHARA.

Igualmente, hizo referencia a las condiciones sociolaborales de las grandes explotaciones marroquíes, donde se trabaja en situación "cercana a la esclavitud", y a los modos de producción en este país, a lo que agregó la "preocupación jurídica" que supone el hecho de que una parte de la producción proceda del Sáhara occidental.

Según advirtió, "este territorio no se puede integrar en ningún acuerdo comercial", por lo que, en caso de que el nuevo protocolo fuera aprobado en la Eurocámara el 16 de febrero, se recurrirá al TUE "junto con los agricultores directamente afectados" para que no entre en vigor porque "no está fundado en derecho".