El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana el proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, texto que 'encarga' a Correos la prestación de este servicio de interés público, informaron a Europa Press en fuentes de La Moncloa.

En concreto, el servicio postal universal incluye la gestión de los envíos de cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 10 kilos de peso, tanto ordinarios como certificados.

La ley encomienda a Correos esta tarea para garantizar un servicio postal de calidad, que llegue a todos los puntos y a todos los ciudadanos del territorio del Estado, con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.

El texto legal contempla además la articulación de un sistema de financiación que garantice al operador postal público la suficiencia de recursos para hacer frente a los costes que le supondrá la prestación de este servicio.

Este fondo de financiación se nutrirá con la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal y con aportaciones del Estado.

El proyecto de ley regula así todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenderse la prestación del servicio universal por parte de Correos.

La norma pone fin la área de negocio postal que hasta ahora tenía reservada Correos, para crear un mercado de libre competencia y más abierto, "sin que por ello se ponga en riesgo su viabilidad financiera", dado el "sólido sistema de financiación alternativo" que incluye, según indicó el Ministerio de Fomento cuando presentó el anteproyecto de la ley.

El otro gran pilar del anteproyecto de ley visto hoy en el Consejo de Ministros lo constituye la regulación de los derechos de los usuarios de los servicios postales.

Con todo, con la nueva ley, además de transponer la legislación europea, el Gobierno busca garantizar un servicio postal de calidad, los derechos de los usuarios del mismo y articular un mercado postal en libre concurrencia con reglas de funcionamiento seguras y transparentes.