Los propietarios de las administraciones de lotería tendrán un plazo de dos años para "adaptarse" a las modificaciones del régimen jurídico de comercialización recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, según el acuerdo alcanzado por PP y CiU y aprobado por unanimidad en el Congreso.

Asimismo, la reforma legal sobre la industria de las loterías y apuestas tendrá en cuenta los "derechos adquiridos" por las administraciones, si bien el texto no especifica si se respetarán las condiciones de las concesiones actuales, como planteaba inicialmente el PP.

Los grupos parlamentarios PP y CiU, más UPyD, integrada en el Grupo Mixto de la Cámara, habían presentado enmiendas al proyecto de ley para modificar las disposiciones adicionales 32 y 34 del texto.

Estos puntos plantean que en el plazo de un año el Gobierno elaborará un real decreto legislativo para transformar los actuales organismos públicos de loterías para que sus "objetivos y actividades" se ajusten a la naturaleza de las agencias estatales.

De esta forma, se establece que las adjudicaciones se atendrán a la nueva ley de Contratos del Sector Público de 2007, quedando "sometidos al Derecho Privado" y a los principios de "publicidad y concurrencia".

"NEBULOSA JURÍDICA".

Esta modificación ha suscitado el temor de los sindicatos de que se abra la privatización de la industria de las loterías y apuestas, según indicaron a Europa Press en fuentes sindicales.

Desde la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CC.OO.) se indicó que estas disposiciones "abren la puerta clarísimamente" a la privatización del sector pues "se deja en una nebulosa" de qué manera se pretende cambiar el régimen jurídico de las más de 4.000 administraciones de loterías existentes en España.