El fraude fiscal le está costando a los países miembros de la Unión Europea entre 200 y 250.000 millones de euros al año en ingresos perdidos y los actuales métodos para enfrentarse a los fraudes son insuficientes, dijo el miércoles el comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, Laszlo Kovacs.

El enemigo público "número uno" es el fraude en el IVA pagable sobre las ventas, que por sí solo le cuesta a los gobiernos europeos 60.000 millones de euros, aseguró Kovacs.

"Podríamos usar estas enormes cantidades de dinero para acelerar el crecimiento económico y crear empleos", dijo a los periodistas.

Además señaló que cada vez está más claro que los Estados no son capaces de luchar contra el fraude sin un enfoque común.

Los impuestos son una de las áreas más celosamente guardadas por los Estados, y se requiere la unanimidad entre los 25 para aprobar cambios en toda la Unión.

La Comisión adoptó una comunicación cuyo objetivo es lanzar el debate entre todas las partes implicadas de cara a una reunión de los ministros de Finanzas la semana próxima en Luxemburgo, en el que establece tres opciones para enfrentarse al fraude fiscal.

-- Mejorar la coordinación entre los Estados miembros a la hora de utilizar los métodos "tradicionales" para combatir los delitos fiscales, aunque Kovacs calificó esta posibilidad de "no muy prometedora".

-- Introducir métodos innovadores como un mecanismo de "cobro revertido", aunque esto puede ser un poco arriesgado y podría tener consecuencias desconocidas y no obtener la unanimidad entre los Estados miembros.

-- Una modificación del IVA en la UE para cargar el impuesto sobre las ventas en el país de origen, no en el de consumo.

Reino Unido, Austria y Alemania han pedido permiso a la Comisión para introducir el mecanismo de "cobro revertido" a nivel nacional para luchar contra el fraude del IVA.

Según este mecanismo, el IVA no lo cargaría el vendedor, lo que evitaría que el defraudador la posibilidad de quedarse con el impuesto, sino que el que compra el producto lo pagaría directamente al Estado.

Kovacs dijo que ya se ha probado en Austria y Alemania, que quieren aplicarlo a nivel general, aunque los abogados de la Comisión han dicho que no hay una base legal para dar permiso.

Esto podría ayudar a luchar contra un problema conocido como carrusel, en el que un comerciante importa productos como teléfonos móviles o microprocesadores para un ordenador, los vende añadiéndole el IVA y luego desaparece con el impuesto.

Este fraude ha aumentado tanto que el Gobierno británico ha sufrido su primer descenso anual en los ingresos por el IVA desde que introdujo el impuesto en 1973, con un descenso del 0,2 por ciento, o 100 millones de libras (unos 145 millones de euros), en el año que acabó en marzo.